La Comisión Europea ha presentado un plan de acción sobre las apuestas en juego en Internet con el objetivo de garantizar una elevada protección de los consumidores, sobre todo de los menores, a la vez que se eliminan las restricciones no justificadas y desproporcionadas para operadores de otros Estados miembros puedan ofrecer sus servicios en el mercado único.
El sector de las apuestas de juego generaron ingresos por valor de 84.900 millones de euros en 2011 en los Veintisiete, mientras que los servicios de juegos de apuestas en Internet supusieron unos 9.300 millones de euros, aproximadamente el 10% del total, lo que da una idea de la creciente demanda en el sector, según datos del Ejecutivo comunitario que prevé que en 2015 los juegos de apuestas en la Red supondrán ingresos de 13.000 millones, el 14,2% de todo el mercado de juegos de apuestas con un crecimiento anual próximo al 15%.
El comisario europeo de Mercado Interior, Michel Barnier, descarta por el momento presentar una legislación para regular de manera armonizada las apuestas de juego en Internet en la Unión Europea por la divergencia de enfoques en los Estados miembros para regular el sector, aunque estudiará en el futuro si es necesario.
Varios Estados miembros como Alemania y Países Bajos prohíben toda forma de juegos de apuestas en Internet como el poker o los juegos de casino, mientras que otros Estados miembros tienen un régimen monopolístico como es el caso de Finlandia, Suecia y Portugal, gestionado directamente por el Estado o bien en régimen de concesión única a una empresa privada. Otros como España, Italia, Francia, Dinamarca o Estonia han establecido un régimen de licencias que permiten a más de un operador ofrecer estos servicios de juegos.
Los Estados miembros, que son libres de elegir el régimen bajo el que autorizan estos juegos, pueden además restringir o limitar los servicios transfronterizos, pero deben garantizar que las limitaciones obedecen al interés general por ejemplo de proteger a los consumidores o impedir la adicción al juego o el fraude y no son desproporcionadas y discriminatorias.
El Ejecutivo comunitario ha recibido quejas contra una veintena de Estados miembros por prácticas restrictivas en el sector, incluido España, y ya ha dado los primeros pasos para abrir procedimientos de infracción contra Finlandia, Grecia, Hungría, Países Bajos, Suecia y Alemania, aunque no descarta incoar más procedimientos de infracción contra varios Estados miembros más en las próximas semanas.
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