Según la Ley del Juego de 2005, cualquier operador con licencia de juego puede ofrecer sus servicios en el Reino Unido. No obstante, los que tienen residencia en él y licencia otorgada por su Comisión de Juego han de pagar impuestos por valor de 15% de las ganancias brutas (número total de apuestas menos los premios pagados).
En tales condiciones, diversos operadores con sede fiscal en la Isla de Man, Alderney o Gibraltar ofrecen sus servicios a los residentes en el Reino Unido, pero no ingresan libras en las arcas británicas. Ello ha hecho que solo el 10% de las salas que operan en el Reino Unido generen ingresos fiscales para el erario público y que la mayoría de ellas sean operadores de bingo y lotería.
Según el nuevo planteamiento tributario, en el poker, los impuestos saldrían directamente del rake de las manos de cash y de las fees o tasas de los torneos (tras descontar las deducciones del rakeback y los bonos de los jugadores).
La tasa que el gobierno británico planea imponer es menor que la que se aplica en los mercados regulados de España, Francia, Italia o Dinamarca. Sin embargo, es superior a la de Bélgica o Estonia. Aunque la nueva tributación va a afectar directamente a los operadores, si sus beneficios disminuyen, es más que probable que mengüen el rakeback, los bonos y las promociones, lo que influirá en los beneficios de los jugadores.
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